Más de 80 expertos critica en una carta que las famosas evaluaciones
internacionales modifican los sistemas educativos solo para salir bien
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(Del Diario El Pais)
¿Están modificando los exámenes de evaluación de PISA las políticas
educativas de los países que los celebran? Un total de 83 grandes
expertos internacionales —la mayoría estadounidenses y británicos— están
convencidos de ello y lo critican en una carta que han hecho llegar al
alemán Andreas Schleicher,
director del programa de evaluación al que se someten los alumnos de 15
años de 64 países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
“Los Gobiernos, los ministros de educación y los directores de
periódicos esperan con ansiedad los resultados de PISA, que son citados
como fuente autorizada en muchas declaraciones políticas. Y estos han
empezado a tener influencia en las prácticas educativas de muchos
países”, se lamentan en la misiva los expertos. “Los Gobiernos están
reajustando sus sistemas educativos con la esperanza de mejorar en los ranking.
En muchos países la falta de progreso en PISA se relaciona con la
crisis y esto está condicionando sus reformas, que se hacen de acuerdo
con los preceptos de PISA”, continúan.
Schleicher ha optado por contestarles desde la página de la OCDE en otra carta abierta
en la que defiende lo contrario: “PISA proporciona oportunidades para
diseñar una estrategia política, porque muestra otras opciones,
perspectivas, al compararse con otros países. Y permite a los políticos,
administraciones y organizaciones colaborar fuera de sus fronteras”.
Fuentes del Ministerio de Educación reconocen que se tiene en cuenta
el indicador de PISA porque hay detrás un órgano solvente como la OCDE.
Pero aseguran que se analizan otros factores, como las características
educativas del país y las condiciones sociales. Pues consideran que
“sería un error enseñar para aprobar el examen, porque eso pervierte la
finalidad de la Educación”. Otros Gobiernos, como el noruego, también
niegan la dependencia de PISA, que en su opinión tiene más eco en los
medios que consecuencias en la vida de los centros.
“Hay, naturalmente, diferentes énfasis entre los críticos de PISA.
Pero uno de los grandes problemas es la apresurada interpretación con
puntos débiles que hacen los políticos”, explica el primer firmante,
Heinz-Dieter Meyer, de la Universidad de Nueva York, en Albany. “Pero en
mi opinión, la problemática es más profunda y afecta a: 1) el estrecho
alcance de lo que se ha medido; 2) el hecho de que la OCDE —como
organización dedicada al desarrollo económico— tiene un sesgo en favor
al papel económico de la educación, olvidando que, en democracia, hay
muchos otros aspectos importantes de la educación pública: la salud, el
desarrollo moral, artístico y creativo; la participación cívica y la
felicidad”.
Ante la polémica suscitada una de sus autoras, Elaine Wilson, de la
Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge, precisa también
algo más. “No tengo problemas con PISA. De hecho, creo que los
materiales de las pruebas son muy buenos y que es muy útil tener
indicadores internacionales. El asunto es que el fallo es
malinterpretado por los políticos, que no son capaces de entender la
complejidad de los datos y que extrapolan con fallos parte para
justificar la dirección de sus políticas”.
En el mundo desde hace décadas han existido test evaluadores —en
España con menos predicamento—, pero en opinión de los firmantes de la
carta a Schleicher, nunca han tenido tanto peso en las decisiones como
ahora. Ponen el ejemplo de Estados Unidos, “donde la prueba justifica el
programa de exámenes Race to the Top (Carrera al top), que establece un ranking
y etiqueta a los estudiantes, los profesores y los centros de acuerdo
con los resultados de los tests, aunque se sabe bien que son
imperfectos. Por ejemplo, no se ha explicado el descenso en el top de
Finlandia”.
Denuncian los 83 en su carta que los Gobiernos son cortoplacistas y
toman medidas sin largo recorrido para sacar pecho en el siguiente
examen (estos son cada tres años). Por ejemplo, la calidad de la
enseñanza depende mucho del estatus y el prestigio de los docentes y en
muchos lugares no se presta mucha atención y no hay ánimo de mejorar
esta situación, porque el resultado se verá a la larga en los test. En
España el Gobierno aprobó en diciembre una reforma educativa que
instaura tres exámenes tras el fin de los ciclos educativos —primaria,
secundaria y bachillerato, estos dos últimos reválidas para obtener el
título— muy en la línea de PISA y es ahora cuando afronta el Estatuto
del Docente que aborda estos temas.
“Es indudable que muchas reformas tardan en dar sus frutos”, plantea
Schleicher, “pero algunos países han demostrado un rápido progreso en un
tiempo corto, como Polonia o Alemania”.
“La cuestión no es si PISA debe existir o no. Sino su relevancia, su
transparencia y sus objetivos”, explica desde Canadá Arlo Kempf,
formador de docentes en la Universidad de Toronto. “En el Estado de
Ontario, por ejemplo, en seis meses cambió la formación de los
profesores de Matemáticas tras los resultados de PISA”, ejemplifica el
firmante
PISA evalúa tres competencias básicas —matemáticas, comprensión
lectora y ciencias—, pero no otras difícilmente cuantificables y que, a
juicio de estos expertos, son fundamentales para enfrentarse a los retos
del siglo XXI: los objetivos psicológicos, morales, cívicos y de
desarrollo artístico. En los nuevos planes de estudios de primaria y
secundaria españoles la música, la plástica o la filosofía pierden
terreno a favor del cálculo o la lectura, medidos en PISA. “Los niños
españoles van demasiadas horas a clase —más que la media— pero menos de
las necesarias de Matemáticas. Se entiende que se aumenten”, sostiene
Antonio Cabrales, catedrático de la University College London. “Pero
debería existir más flexibilidad de horas en los centros. En Estados
Unidos, Reino Unido u Holanda, dependiendo del itinerario, uno recibe
más o menos clases”.
Cabrales recuerda que PISA empezó evaluando dos competencias y luego
sumó Ciencias. “En cada edición algo nuevo. En la última se incluyó la
resolución de problemas y las finanzas, del que se conocerán los
resultados a final de año. Es cuestión de diseñar nuevas pruebas. Todos
encantados”.
Rechazan también los 83 que las pruebas las celebre la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues la educación a su
juicio no tiene solo como objetivo garantizar el empleo del alumno, sino
formar a un ciudadano capaz de participar en la vida democrática de su
país y en la toma de decisiones. Preferirían que fuese la Unesco o la
ONU, órganos supranacionales que tienen entre sus objetivos la mejora de
la educación en el mundo, las encargadas de evaluar a los adolescentes.
Esta idea la defiende también Carmen Rodríguez, del departamento de
Didáctica de la Universidad de Málaga. “La política de competencias de
la OCDE es de 1995 y se basa en la lógica de la economía, el mercado y
la competitividad de Europa. Se invierte en capital humano para
reducirlo a rendimiento en el trabajo y a la competencia entre
estudiantes, centros y países”. Rodríguez echa de menos una formación
integral. “El mandato de la OCDE tiene mucho que ver con el de la Unesco
y Unicef”, alega Schleicher. “Y las decisiones de PISA son tomadas por
representantes de todos los países miembros”.
Cabrales, en cambio, agradece mucho esta incitativa de la OCDE.
“Antes los economistas relacionábamos el desarrollo económico de un país
con la media del número de años de escolarización y era un dato muy
débil. Sin embargo, PISA pone de manifiesto que lo que importa es la
calidad de la enseñanza, no las horas que un alumno está sentado en una
clase. Eso antes no se sabía”.
A los expertos de la misiva aún les gusta menos que la OCDE deje las
pruebas en manos de “compañías multinacionales con ánimo de lucro
quieren ganar dinero”. Y alertan de que estas empresas tienen colegios
en Estados Unidos y planes de establecerse en África, continente en el
que la OCDE quiere introducir el programa PISA. “Como Pearson que ganado
millones con las pruebas y tiene el contrato de 2015”, remarca Kempf.
Y por último sostienen que las pruebas recortan la autonomía de los
profesores y los centros y provocan estrés al alumnado y los docentes.
En el caso español, el ministro José Ignacio Wert reconoce que con las
reválidas examina a los estudiantes y, de paso, a sus enseñantes.
“Cuando hablo con los profesores canadienses sienten pánico. No tienen
tiempo para otras cosas que no sean preparar las pruebas. Y hace dos
años estuve en Estados Unidos y algunos me decían que no podían ir al
gimnasio con los alumnos o trabajar las inteligencias múltiples
(espacial, musical, social o emocional)”, relata Kempf.
Los resultados de PISA se dividen en España por comunidades pero no
por centros. Una práctica común en las pruebas externas de la Comunidad
de Madrid, lo que ha abierto la vía a la competencia entre colegios por
captar alumnos con sus números como reclamo. Rodríguez es pesimista:
“Andalucía ha sacado un decreto para que el fallo no se conozca
públicamente, pero la LOMCE aboga por que exista competencia y la vamos a
ver”.