La llamada regla 41, aprobada
por el Congreso de EE.UU., autoriza a un juez estadounidense a ordenar
al FBI entrar a una computadora y acceder a la información que almacena,
sin importar el país en que se encuentre
Foto: ShutterStock92
La
modificación de una norma por parte del Congreso de Estados Unidos, que
autoriza al FBI a acceder a la computadora de cualquier persona,
incluso si no está dentro de la jurisdicción del juez que emite la
orden, genera una "gran discusión sobre el acceso transfronterizo de
datos" y un problema respecto de la validez de esa evidencia en
investigaciones penales, analizó un funcionario especializado en
criminalidad informática.
"Si
bien aún no se ha presentado ningún caso en la Argentina, es discutible
la validez de la prueba que surja de esa técnica de acceso remoto en
una instancia penal" y, además, se puede dificultar la aplicación del
principio de territorialidad, afirmó a Télam Marcos Salt, especialista
en derecho penal y coordinador del Programa contra la Criminalidad
Informática del Ministerio de Justicia de la Nación.
Qué dice la regla 41
La
modificación a la "Regla 41" de las Reglas Federales de Procedimiento
Penal (Federal Rules of Criminal Procedures) fue convertida en ley por
el Congreso estadounidense el 1 de diciembre. La norma establece la
admisibilidad de las órdenes de registro (warrants) para
descubrir documentos que fueran presentados como pruebas en acusaciones
seguidas por el FBI, y autoriza a los jueces a cargo de las causas a
ordenar la intervención de las computadoras de los investigados cuando
esos documentos son digitales.
Sin
embargo, la novedad de esta modificación es que se autoriza al FBI a
introducirse en las computadoras independientemente de dónde se
encuentren, a través de la técnica de acceso remoto.
Esta técnica
implica el envío de un malware, de forma remota, a la computadora que se
quiere investigar, y el programa luego envía la información que
encuentra (como una medida alternativa de allanamiento), explicó Salt.
En
otras palabras, esto significa que "un juez federal estadounidense está
facultado para emitir órdenes de registro para hackear ordenadores en
su circuito o jurisdicción, en otros y, si así se entiende, en cualquier
país del mundo", explicó a Télam, por su parte, Martín Elizalde,
abogado especialista en tecnología y cofundador de la empresa en
investigación forense informática Foresenics.
Según Salt, esta
situación está relacionada con los problemas que se desprenden del
"acceso transfronterizo de datos", una noción que incluye aquellas
investigaciones penales en las que resulta necesario el acceso a
información alojada en servidores ubicados físicamente en jurisdicciones
diferentes a la de las autoridades que tienen a su cargo la
investigación.
"Por eso, a partir de esta modificación se abre una
discusión enorme sobre el acceso fronterizo de datos en el mundo
entero", aseguró Salt desde Washington, donde ayer participó de la
novena reunión de la Organización de Estados Americanos sobre delito
cibernético "Remja" (Reuniones de Ministros de Justicia u otros
Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas).
En
ese encuentro se abordó el llamado a que los países americanos se
adhieran al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, pero la
preocupación que despertó a nivel mundial la modificación a la Regla 41
obligó a tratar el tema de manera informal, por no estar incluido en la
agenda oficial, comentó el funcionario argentino.
Acceso transfronterizo de datos
"Una
de las principales preocupaciones es el poder potencialmente excesivo
de los jueces estadounidenses para dictar órdenes de registro 'urbi et
orbi', dado que la reforma permite acceder a ordenadores en el mundo
entero", advirtió Elizalde.
El letrado citó como caso hipotético
que la modificación de esta norma permite que, por ejemplo, el FBI
intervenga una computadora en la localidad bonaerense de Quilmes por
orden de un juez del Carolina del Norte.
Lo cual implica -agregó
el letrado- que la normativa modificada "no tiene en cuenta la
regulación sustantiva del derecho a la privacidad o las normas
particulares sobre procedimiento, jurisdicción y competencia de cada uno
de los países afectados".
Otro de los aspectos que también
podrían entrar en juego -enumeró- es la cuestión de la privacidad, o
como esté regulada la protección de los datos personales en cada uno de
los países.
"La aprobación de esta norma fue algo que nos tomó por
sorpresa a todos porque al estar en un año electoral no tuvo mucha
repercusión mediática, pero sus consecuencias pueden ser muy serias en
varios sentidos", consideró Elizalde.
Asimismo, informó que en Estados Unidos hay organizaciones sin fines de lucro como Electronic Frontier Foundation, que han expresado la preocupación por esta norma
incluso en "niveles más básicos". Es decir, en su criterio, que podría
extenderse a "la gente que niega el acceso a los datos de localización
para aplicaciones de teléfonos inteligentes, ya que no tiene ganas de
compartir su ubicación con redes publicitarias".
El carácter
reciente de la modificación de la norma genera un escenario donde aún
existen "discusiones internas" tanto en Estados Unidos como en el resto
de los países, mientras que "la discusión sobre este tema recién está
empezando", consideró Salt.
Mail: enviotp@gmail.com En AS.: JVG CA Taller TIC (su nombre y apellido)
En un mundo donde los cambios se suceden vertiginosamente, incluso los tecnológicos, es menester asimilar las nuevas tecnologías para su aplicación inmediata y a futuro.
